Caso Convenios: Contraloría detecta irregularidades en licitación de $80 millones adjudicada por CONADI Osorno a Chikawal, Sociedad creada 3 meses antes.
Una auditoría de Contraloría revela graves irregularidades en una millonaria licitación adjudicada por la Corporación Nacional Indígena de Osorno a una empresa recién creada, vulnerando requisitos esenciales de las bases. El organismo instruyó un sumario a los funcionarios responsables y derivó antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
En mayo de 2023, la Dirección Regional de la CONADI en Osorno adjudicó una licitación por $80 millones a la Sociedad de Profesionales Chikawal Ltda. para la contratación de Educadores de Lengua y Cultura Indígena (ELCI) y capacitación en la región de Los Lagos. Sin embargo, una auditoría de la Contraloría detectó graves irregularidades en este proceso.
La licitación ID 807–8-LP23, aprobada por resolución exenta N°279 del 13 de abril de 2023, tenía por objetivo instalar procesos pedagógicos de recuperación y revitalización de la lengua williche desde la primera infancia en jardines infantiles y escuelas de la región. Para ello, se requería contratar ELCI para 13 jardines y 7 escuelas, involucrando a la comunidad educativa.
No obstante, al revisar los antecedentes, la Contraloría constató que la coordinadora propuesta por Chikawal Ltda., no acreditó experiencia en educación parvularia, requisito esencial establecido en las bases técnicas. A pesar de esto, no solo se declaró admisible la oferta, sino que se le asignó el máximo puntaje en ese ítem.
Cabe destacar que la Sociedad de Profesionales Chikawal Ltda. recién se había constituido el 1 de febrero de 2023, apenas 3 meses antes de esta licitación, con un capital de solo $500 mil. Su representante legal, es además miembro del directorio de la Corporación Mapuche Lonko Kilapang, organización que certificó parte de la experiencia del equipo presentado por Chikawal.
La Contraloría detectó además otras anomalías, como diferencias entre la experiencia informada por algunos miembros del equipo y sus certificados de respaldo, criterios de evaluación subjetivos, y la falta de descuentos de puntaje por presentar antecedentes fuera de plazo, todos aspectos contenidos en las bases.
Según el ente contralor, esta adjudicación de la CONADI Osorno a Chikawal Ltda. no se ajustó a derecho por incumplir requisitos esenciales. Esto vulnera principios de estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes que rigen las licitaciones públicas.
La Contraloría instruyó un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados y remitirá los antecedentes al Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado. Entre los funcionarios cuyas responsabilidades se investigarán se encuentran los integrantes de la comisión evaluadora de la licitación: Juan Licanqueo Severo, encargado de la Unidad de Cultura y Educación; Gustavo Henríquez Coronado, encargado de la Unidad de Medio Ambiente; Pablo Andrade Paillalef, profesional de apoyo de la Unidad de Cultura y Educación; Marcia Schulz Guzmán, encargada (S) de la Unidad Jurídica; y Lissette Vera Larenas, encargada de la Unidad de Administración y Finanzas.
Cabe destacar que esta cuestionada adjudicación fue finalmente aprobada por la entonces Directora Regional (S) Marcela Urbano González, mediante resolución exenta N°386 del 8 de mayo de 2023. Dos meses después, el 10 de julio, Urbano González fue ratificada en su cargo tras ganar el concurso de Alta Dirección Pública.
El acta de adjudicación de la licitación, firmada por Urbano, confirma varias de las irregularidades detectadas por Contraloría en su informe. Por ejemplo, se le asignó el máximo puntaje a la coordinadora propuesta por Chikawal Ltda. a pesar de que no acreditó el requisito esencial de experiencia en educación parvularia. Aun así, la comisión evaluadora sugirió adjudicar la licitación a esa empresa, lo que fue ratificado por Urbano en la resolución final. El acta también revela los nombres de tres de los cinco funcionarios que integraron dicha comisión — Juan Licanqueo Severo, Gustavo Henríquez Coronado y Pablo Andrade Paillalef- cuyas eventuales responsabilidades administrativas serán determinadas por el sumario de Contraloría.
En declaraciones dadas por la Contralora (S) Dorothy Pérez en su presentación ante la comisión investigadora del caso convenios, se revelaron detalles adicionales sobre esta auditoría. Pérez señaló que la empresa Chikawal se creó en febrero de 2023 y a junio ya había obtenido 5 licitaciones por un total de $245 millones. A raíz de las irregularidades detectadas, la Contraloría ordenó un sumario interno y remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y Ministerio Público ante eventuales delitos, los que deberán ser calificados por esta última institución.
Respecto a esos posibles ilícitos, de acuerdo a los hechos descritos en el informe, podrían configurarse los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, considerando que se adjudicó irregularmente una licitación pública a una empresa que no cumplía requisitos esenciales, en la que además existen vínculos entre la empresa adjudicada y la entidad que acreditó experiencia del equipo, lo que podría haber implicado el uso de influencias indebidas y potencial conflicto de interés. La eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.
En síntesis, este caso revela preocupantes irregularidades en una millonaria licitación de la CONADI Osorno a una empresa recién creada, que ponen en duda la transparencia y legalidad con que se asignan recursos públicos en materia de cultura y educación indígena.
